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Propuesta del MRS para defender el seguro social.

 

El MRS consciente de la importancia del debate sobre la seguridad social, expone aquí su posición sobre la pretendida reforma que el régimen de la familia Ortega Murillo pretenden imponer a los y las trabajadores de Nicaragua, que amenaza los derechos de quienes están por jubilarse y en especial de las y los jóvenes nacidos después de 1967 que están comenzando su vida laboral.

 

Creemos firmemente que cualquier reforma a la seguridad social debe ser ampliamente consultada con trabajadores y trabajadoras, de todos los grupos de edad, con organizaciones sindicales, de pensionados o jubilados, organizaciones juveniles y otras de la sociedad civil, con la ciudadanía en general. 

 

El MRS se opondrá a cualquier tipo de reforma cocinada en los pasillos gubernamentales, que no sea sometida a la libre valoración y escrutinio por parte del pueblo nicaragüense, con suficiente tiempo. 

 

A través del Grupo Parlamentario del MRS estamos presentando una iniciativa de Ley de Defensa de los Derechos e Intereses de las Personas Aseguradas y Pensionadas del INSS, que reformará la Ley actual.  Pretendemos que esta iniciativa sea un borrador de propuestas para ser debatidas públicamente de manera amplia.  

 

Los aspectos esenciales de nuestra propuesta son:

 

1. Para asegurar la solidez de los recursos del INSS, la iniciativa pretende obligar al Estado de Nicaragua a pagar la deuda que tiene con el INSS en un período no mayor de 25 años, con una tasa de interés del 2% anual.  El pago de la deuda, principal e intereses, deberá programarse anualmente en el Presupuesto General de la República.  

 

En el caso de las deudas morosas de los empleadores privados que no muestren voluntad de enterar las cuotas cotizadas por los trabajadores y las cuotas correspondientes a los empleadores después de tres meses de haber incurrido en mora, el INSS deberá proceder judicialmente en su contra.

 

2. Mantener la edad de jubilación en 60 años como es actualmente, con la excepción de los educadores y educadoras y otras ocupaciones contempladas actualmente en la Ley, que pueden jubilarse a los 55 años.

 

3.  Mantener el período de cotización en las 750 semanas requeridas actualmente para solicitar una pensión de jubilación.

 

4.  La obligatoriedad del INSS de asegurar que se mantenga el valor de las pensiones ajustándolas periódicamente de acuerdo al deslizamiento de la moneda y al crecimiento inflacionario.

 

5.  La posibilidad de que las personas jubiladas puedan seguir trabajando, sin que esto afecte su pensión.

 

6.  El otorgamiento de la pensión de vejez a partir de la fecha en que se solicita,  no a partir de la fecha de la cesantía del asegurado o asegurada, siempre que haya cumplido los requisitos establecidos para tener derecho a ella.

 

7.  Durante los próximos 20 años, las personas que se afiliaron al INSS que no lograron completar las 750 semanas y hayan cumplido su edad de jubilación, se les deberá entregará una pensión reducida que se establecerá en dependencia de las semanas cotizadas por cada quien. 

 

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Ortega trata de lavarse la cara.


Posición del MRS frente a la solicitud de ratificación de funcionarios del Poder Ejecutivo.

 

El día 30 de enero del año en curso Daniel Ortega, quien usurpa el cargo de presidente de la República, envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de decreto legislativo para la ratificación de un conjunto de funcionarios del Poder Ejecutivo.

 

La Constitución de la República claramente establece en su Arto. 150 que los nombramientos de funcionarios del Poder Ejecutivo deben ser puestos en conocimiento de la Asamblea Nacional, “dentro del término de tres días” posteriores a su nombramiento y solamente se considerarán firmes hasta que la Asamblea Nacional los ratifique. 

 

Ese artículo ya estaba vigente en el año 2007 que Ortega asumió la presidencia para su segundo y último período legal.  Jamás, durante los cinco años de gobierno, fueron ratificados los ministros, viceministros y ningún otro funcionario. Tal como hemos afirmado, esos funcionarios actuaban de hecho, sin cumplir el mandato constitucional que determina la validez de sus nombramientos.

 

Más de un año después de haberse iniciado un nuevo período de gobierno, el usurpador Ortega envía una solicitud de ratificación de funcionarios, confirmando que han estado actuando de hecho, sin mandato legal de ninguna especie y, atribuyéndose funciones que la ley no les concede.  Esa es la confesión que hace Ortega con su propuesta.  

 

Es claro para todo el pueblo nicaragüense que esta iniciativa es presentada con el definido propósito de tratar de legitimar y de legalizar al régimen orteguista, una vez que ha copado por la fuerza, mediante fraudes electorales y corrupción generalizada, las instituciones del Estado.

 

El MRS denuncia este intento de la dictadura de limpiarse la cara, aparentando interés en la legalidad del país.

 

Para el MRS este sigue siendo un régimen ilegal e ilegítimo desde su origen. Esos funcionarios que se pretenden ratificar, son nombrados por un usurpador que violó el principio constitucional de no reelección y se robó las elecciones presidenciales.  Por esta razón, los diputados del MRS votarán en contra de esa iniciativa de ratificación.

 

Si Ortega, en realidad se muestra deseoso de cumplir la Constitución y las leyes, debe abandonar el poder que usurpa y dar paso a unas elecciones verdaderamente limpias y transparentes para elegir un gobierno legal y legítimo.

 

Aquí puede ver la participación de los diputados del MRS, Víctor Hugo Tinoco y Enrique Sáenz.