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Resolución No. 1. Consejo Nacional, marzo 2016

 

Consejo Nacional

Sesión ordinaria

 

6 de marzo de 2016

Managua

 

Resolución No. 1: De la Situación Nacional

 

El Consejo Nacional del MRS

 

CONSIDERANDO QUE:

 

  • La situación del pueblo nicaragüense se continúa deteriorando por el desempleo, el alza en el costo de la vida, el precio elevado de la energía eléctrica y los combustibles,  la sequía que ha golpeado el campo durante dos años consecutivos, el virtual congelamiento de los salarios y la falta de oportunidades para generar ingresos para las familias, sin que el régimen actual proporcione respuesta alguna a esos grandes problemas.
  • La juventud nicaragüense continúa sin acceder a empleos y oportunidades para iniciar su vida laboral o para continuar y completar su educación, lo que los empuja a emigrar del país en busca de otros horizontes.  
  • Campesinas y campesinos, pobladores que viven en las comunidades de la pretendida zona del canal, continúan bajo la amenaza de ser despojados de sus tierras, liquidadas sus comunidades y su medio y forma de vida para satisfacer las ansias de enriquecimiento de la familia en el poder que ha puesto en grave riesgo la sobrevivencia del país y su soberanía.
  • Hay un continuo deterioro en los servicios de salud y en el enfrentamiento a enfermedades epidémicas que están causando muertes y pérdidas entre los nicaragüenses. De igual manera, carecemos de educación de calidad que contribuya a abrir oportunidades a la niñez y la juventud nicaragüense.
  • Los nicaragüenses no tenemos garantías de nuestra seguridad.  La acción de grupos armados y la respuesta militar indiscriminada violan los derechos humanos de los campesinos y campesinas.  Fuerzas policiales han participado incluso de crímenes como en el de Las Jagüitas, sin que haya justicia para las víctimas.  El régimen promueve la impunidad frente a la delincuencia y a la violencia hacia las mujeres, liberando privados de libertad al margen de toda legalidad y ordenando la no aplicación de la Ley 779, poniendo en riesgo la seguridad y la vida de las mujeres y del resto de la población.
  • La invasión a las tierras del pueblo miskito en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte por colonos asociados a intereses del orteguismo, la pérdida de vidas humanas, los daños a las comunidades y la negligencia institucional atentan contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
  • Los nicaragüenses, mujeres y hombres, continuamos luchando por nuestros derechos y el régimen continúa respondiendo, criminalizando la protesta social y utilizando delincuentes para atentar contra la vida y la seguridad de quienes protestan, sin que las autoridades policiales cumplan con su mandato constitucional y legal de garantizar la seguridad de todos.
  • Empleados públicos, policías y soldados de línea son obligados a participar de las actividades políticas favorables al orteguismo.  Trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos empresarios, jóvenes, campesinas y campesinos, son discriminados, marginados y constantemente hostigados por los agentes del poder establecido.
  • En todos los municipios se margina a la población que llega a solicitar sus cédulas, mientras se entrega cédulas a menores de edad, llevados por activistas orteguistas.  

 

RESUELVE:

  1. El MRS propondrá al pueblo nicaragüense abrir una nueva etapa, desplazando al régimen actual, para que en Nicaragua se abran oportunidades, haya progreso y solidaridad para todos y todas, se restablezca la democracia y se asegure la soberanía nacional.
  2. Rechazamos la Ley 840 y la consideramos nula, por oponerse y violar la Constitución, amenazar la soberanía nacional. Continuaremos participando y convocando a la movilización social contra ese proyecto canalero o cualquier otro amparado en el Acuerdo Ortega-Jing.  El MRS hará uso de todos los mecanismos legales nacionales e internacionales para lograr la nulidad de la Ley 840 y toda disposición que se haya desprendido de ella, para defender la integridad nacional y los derechos de los nicaragüenses y las nicaragüenses.
  1. El MRS continuará luchando a la par de cada sector social, de cada comunidad, por sus derechos económicos y sociales, por el derecho a la vida y a la integridad, a un empleo digno, al acceso a la canasta básica, a servicios de salud oportunos y con calidad, a una educación de calidad para la niñez y la juventud, a estar respaldados frente a los fenómenos naturales y otras contingencias.
  2. En particular:
    • Demandamos, de nuevo, desde ya, la implementación de un programa de apoyo y financiamiento a la población campesina y a los productores, en especial de las zonas rurales que han sido afectadas por la sequía en los dos años pasados y que corre riesgo elevado de volver a sufrir daños.   El gobierno debe dejar de prohibir e impedir que haya solidaridad y se lleve ayuda alimentaria o de otro tipo a esas comunidades. 
    • Exigimos que se asegure un buen servicio de agua potable, que se realicen inversiones suficientes para garantizar el servicio de agua de calidad y sin cortes generalizados, que afectan en especial a los barrios y comunidades más necesitadas.  
    • Respaldamos a los trabajadores y las trabajadoras afectadas por la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) para que sean escuchados y demandamos que las instituciones definan una política pública para enfrentar la epidemia de insuficiencia renal crónica en el país.
    • Demandamos la derogación del reglamento de la Ley 779 y la íntegra aplicación de la Ley para defender la vida y la integridad de las mujeres.
    • Impulsaremos la creación de un Fondo de Fomento para Jóvenes  Emprendedores para que puedan iniciar sus negocios o establecerse profesionalmente y no tengan que emigrar en busca de oportunidades en otros países.
    • Continuaremos movilizándonos para que se compre, instale y ponga en funcionamiento un acelerador lineal que proporcione un buen servicio de radioterapia a mujeres y hombres que padecen de distintos tipos de cáncer. 
    • Impulsaremos un proyecto de ley para dignificar y proteger el trabajo y los derechos de empleadas y empleados públicos.
    • Impulsaremos un proyecto de ley para que reconozcan las semanas cotizadas en la seguridad social, a militares actualmente retirados y a otros trabajadores y trabajadoras, a quienes se les han negado sus derechos.
    • Demandamos información veraz y pública sobre la verdadera situación de la seguridad social, así como la realización de una reforma que garantice las pensiones y servicios a los jubilados y, la sanidad financiera del INSS.
    • Demandamos la reducción del precio de la energía eléctrica y de los combustibles, en la misma medida en que se ha reducido el precio del petróleo que compra Nicaragua.   
    • Exigimos la entrega de cédulas a todas las personas que la solicitan y cumplen los requisitos, así como demandamos el cese de la repartición de cédulas a menores de edad y extranjeros, práctica que se realiza en los consejos municipales y departamentales.
  1. El MRS exige el cese de la invasión de las tierras indígenas y su pronto saneamiento, así como que se continúe el proceso de titulación de los territorios de los pueblos originarios y comunidades étnicas de la Costa Caribe. El Estado está obligado a investigar a quienes han estado negociando ilegalmente con las tierras indígenas, asimismo está obligado a dar una solución a la demanda de tierras de los campesinos que, por padecer imperiosas necesidades, invaden tierras indígenas.  
  1. Llamamos a los mandos del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional a que acaten la Constitución, se retiren de toda actuación partidista, vuelvan a esas instituciones por el camino de la institucionalidad y el servicio a todos, cesen la violación de los derechos humanos y se constituyan en verdaderas garantías de los derechos de los nicaragüenses.
  1. El MRS seguirá movilizándose para acompañar a todos los sectores sociales, mujeres y hombres que trabajan en el campo, en las minas, la pesca, la construcción, a quienes tienen pequeñas y medianas empresas, son comerciantes, amas de casa, estudiantes, productores diversos, profesionales, técnicos, ex combatientes, pobladores de barrios, a quienes están jubilados o se ganan la vida de diversas maneras, a los pueblos originarios y comunidades étnicas, a quienes se hallan amenazados por el proyecto de canal, a quienes defienden el agua, sus tierras y el medio ambiente. 
  1. Continuaremos denunciando la corrupción del régimen actual y el uso de los recursos del Estado con fines personales y partidarios y la persecución y el hostigamiento institucional a empresarios de todos los tamaños.


Managua, 6 de marzo de 2016