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Reglamento a Ley 779 atenta contra la vida e integridad de las mujeres

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El 31 de julio recién pasado, Ortega que ejerce ilegal e inconstitucionalmente la presidencia de la República, publicó un Reglamento a la Ley 779 que atenta contra la vida y la integridad de las mujeres nicaragüenses.


El reglamento tiene graves implicaciones para las mujeres que sufren  violencia física, psicológica y patrimonial, pues aleja su acceso a la justicia, sometiéndolas, antes de cualquier denuncia ante la Policía, al arbitrio de los gabinetes de la familia, estructuras partidarias de la familia Ortega que quedan facultadas para intervenir. 


Son conocidos los procedimientos de muchos de los integrantes de esos gabinetes de la familia, que trafican con las necesidades de las personas en las comunidades y que en no pocas ocasiones sirven de acompañantes a abusadores y victimarios.  


El ilegal reglamento aumenta los trámites que deben cumplir las víctimas, violando los principios de celeridad y de no victimización secundaria.  Además, pretende eliminar la celeridad en el otorgamiento de medidas precautelares.


Además de los efectos en la integridad de las mujeres, a quienes coloca en un riesgo mayor, también tiene un grave efecto en el ya deteriorado y maltrecho Estado de Derecho.


Es sabido que ningún reglamento puede modificar, reformar o contravenir la ley que lo origina, pues viola la jerarquía jurídica, uno de los principios necesarios a todo Estado de Derecho. Ortega en su reglamento, modifica el espíritu, el objeto y las disposiciones de la Ley 779, facultad que corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional. Ortega se ha arrogado así las funciones de la Asamblea Nacional, lo que lo reafirma como usurpador de funciones.


La Ley 779 originalmente no requería reglamentación alguna. La reforma realizada mediante la Ley 846 que entró en vigencia el primero de octubre de dos mil trece estableció su reglamentación, la que debía hacer el Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de sesenta días según el artículo 150, inciso 10 de la Constitución Política de la República.  Ortega emitió un reglamento fuera del plazo legal, lo que lo vuelve fraudulento e ilegal.


Finalmente, el reglamento de Ortega pretende introducir reformas en la legislación penal, que no es, en absoluto, materia de un decreto ejecutivo, violando el Código Penal y el Código Procesal Penal, confirmando la vocación y práctica autoritaria del régimen y su amenaza a todos los sectores sociales del país.


La Ley 779 fue el resultado de un amplio proceso de consulta y de análisis sobre la violencia que sufren miles de mujeres en nuestro país y había sido aprobada para salvar las vidas y proteger la integridad de las mujeres. El Reglamento de Ortega, está hecho para lo contrario.


Reiteramos nuestra exigencia:

a)    La derogatoria inmediata de ese reglamento ilegal.

b)   A la Asamblea Nacional para que proceda a recurrir contra el reglamento de Ortega, por haber invadido y usurpado las funciones que le corresponden. 

c)    A los jueces y juezas, funcionarios del Ministerio Público y Policía les exigimos que actúen conforme establece la Ley 779 y no un reglamento ilegal.

d)   Que el estado garantice los recursos materiales y humanos adecuados que permitan la efectiva implementación de la ley 779 tal y como se establece en la misma.


Si el gobierno mantiene ese reglamento y pretende imponerlo, se convierte en promotor de la violencia, en responsable directo de las amenazas y lesiones a la vida e integridad de las mujeres.


La Red de Mujeres del MRS rechaza de plano los intentos de liquidar la Ley 779 y convoca a todos y todas las nicaragüenses a defenderla.


Managua, 10 de agosto de 2014