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Una Nicaragua democrática

Para crear oportunidades y que toda la ciudadanía tenga pleno acceso a ellas, para construir el progreso integral de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense, para lograr una sociedad solidaria a plenitud, es indispensable la democracia en todos los ámbitos y el respeto a las libertades ciudadanas.

La democracia es una forma de convivencia que implica respeto y tolerancia con la diversidad y con la dignidad de cada quien, asegurando de esa manera la paz social.

32.  Un país democrático con una sociedad democrática

Unamos es un partido profundamente comprometido con la construcción de una sociedad democrática, con instituciones que sirvan con profesionalismo y eficiencia a todos los nicaragüenses sin distinción; con el derecho a elegir y ser electos en procesos limpios, transparentes y competitivos; con un sistema judicial honesto y apegado a la ley; con Estado de Derecho, con amplias libertades y derechos para cada nicaragüense, con libre participación en la vida del país.

La democracia se define por el respeto a los derechos humanos y políticos. Unamos promueve y defiende activamente los derechos ciudadanos y todas las libertades ciudadanas. Nunca más el ejercicio de nuestras libertades y derechos constitucionales deberá ser motivo de represión, prisión, muerte o exilio. En democracia no hay presos de conciencia, presos políticos ni represión por ideas políticas.

No concebimos una sociedad democrática sin equidad y justicia social. No hay  democracia verdadera si la igualdad jurídica es negada por las diferencias de poder entre las personas, o no se construye con base en la representación y atención a las necesidades de las mayorías. La inequidad, la concentración de la riqueza, la pobreza, la ignorancia y la injusticia que convierten los derechos ciudadanos en una farsa, son caldo de cultivo para el surgimiento de caudillos y líderes mesiánicos con vocación dictatorial.

Una sociedad democrática es la que se compromete a hacer efectivo el derecho de todas y todos a una vida digna y satisfactoria y en la que se les permita soñar y perseguir sus sueños.

Luchamos contra cualquier tipo de poder autoritario que menoscabe los derechos del pueblo nicaragüense, que ejerza el poder por la fuerza o sustentado en el fraude electoral, la coerción y el chantaje. Luchamos contra la imposición antidemocrática de poderes fácticos, sean estos grupos familiares, económicos o de cualquier otra índole. Rechazamos el nepotismo y el continuismo de una persona o un mismo grupo en el poder. Los afanes dictatoriales tienen que ser desterrados para siempre de nuestra vida como país. Éstos son los graves problemas que actualmente, de nuevo, enfrentamos en Nicaragua.

33. Participación de todos y todas

 Nicaragua necesita de todas las manos, de todas las voces, de todas las energías, de todos los vigores, para construir un país con tolerancia, democrático, en paz, con alegría y sin violencia de ningún tipo. Nuestro compromiso es contribuir decisivamente a construir una Nicaragua profundamente democrática.

La democracia se asienta en las convicciones democráticas de la ciudadanía, sin ello, será siempre frágil.

Tenemos el compromiso de promover una ciudadanía consciente de sus derechos y obligaciones, participante activa en los asuntos públicos, defensora de los valores cívicos, porque derecho que no se defiende es derecho que se pierde.

Nuestro partido Unamos ha sido y seguirá siendo una escuela de formación cívica y democrática, preparando líderes, mujeres y hombres, comprometidos con estos valores; personas que ejerzan la política con vocación y actitud de servicio público, que contribuyan con su conducta a la revaloración de esa labor y a la construcción de una nueva cultura política.

34. Luchamos por nuestro derecho a decidir

 Creemos en las elecciones libres, limpias, transparentes y competitivas, como el único camino legítimo para acceder al poder político.

Rechazamos el régimen orteguista y cualquier otro que se mantenga o pretenda imponerse o mantenerse en el poder por la vía del fraude, la descomposición y la adulteración de las instituciones o la realización de pactos y componendas; la violación y la manipulación de la Constitución Política y las leyes.

Actualmente el derecho de los nicaragüenses a decidir está siendo violentado por el poder de la familia Ortega-Murillo que, instrumentalizando el sistema electoral y el sistema judicial, ha eliminado el derecho de participación política del pueblo, el derecho de cada nicaragüense a elegir y ser electo, el derecho a decidir quién queremos que nos gobierne.

Luchamos por el restablecimiento de nuestro derecho a elegir y ser electos; por el cambio radical del actual sistema electoral y de partidos políticos para que el voto de cada nicaragüense sea plenamente respetado.

El sistema electoral, actualmente, restringe el derecho de participación política de la ciudadanía nicaragüense, por lo que debe ser reconstruido, para que puedan surgir sin obstáculos nuevos partidos, alianzas electorales y asociaciones de suscripción popular. Igualmente, es indispensable devolver su personalidad jurídica a los partidos a los que les fue confiscada.

El derecho al voto de los nicaragüenses en el exterior debe ser debidamente reglamentado, para que pueda ser ejercido plenamente.

35. Institucionalidad democrática para progresar

 Creemos que es necesario establecer y garantizar la independencia y el necesario equilibrio entre los Poderes del Estado, la fuerza y profesionalismo de las instituciones y la justeza de las leyes. Luchamos por una Nicaragua con una institucionalidad democrática que funcione para promover el progreso integral, la paz y la justicia para todas y todos los nicaragüenses.

El poder será ejercido de manera democrática cuando deje de estar concentrado en las manos de una persona, una familia o un grupo de poder.

Nicaragua está urgida de una institucionalidad democrática con Poderes del Estado independientes, que cumplan el papel que les asigna la Constitución y las leyes y dejen de estar sometidos a la voluntad de un grupo de poder.

Nicaragua está urgida de una institucionalidad democrática que promueva, estimule y cuente con la más amplia participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en el ámbito nacional, regional, departamental y municipal.

Soñamos y luchamos por un país con esa institucionalidad democrática, con instituciones que tengan al frente a personas que cumplan el servicio público con honestidad y eficiencia, con apego a las leyes; con diputadas y diputados que atiendan los problemas fundamentales del pueblo; con jueces y juezas que administren una justicia pareja; con policías y militares respetuosos de los derechos humanos; con autonomía municipal y verdadera autonomía en las regiones de la Costa Caribe.

Nicaragua puede crear oportunidades y progresar con solidaridad solamente si se construyen instituciones democráticas, si se respeta el derecho del pueblo a decidir en elecciones limpias, honestas y competitivas, si se respetan los derechos establecidos en la Constitución y las leyes, si se reconstruye la institucionalidad y se profundiza la democracia. Ése es nuestro compromiso.

36. Vida en paz, con justicia y seguridad

 La democracia implica promover la dignidad humana y la paz social y pasa por poner en el centro de la misma, la implementación de procesos de verdad, justicia y reparación de daños a las víctimas de los crímenes y garantías de no repetición.

Rechazamos el ejercicio de la violencia institucional o parainstitucional, de grupos de poder de cualquier índole, para imponer sus intereses.

Estamos comprometidos con la promoción de la tolerancia y el respeto ante toda diferencia, con la aspiración a vivir en paz y seguridad.

37. Sobre el ejército

 El Ejército de Nicaragua se creó para asegurar la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Sin embargo, ha dejado de ser una institución profesional y obediente a la Constitución para convertirse en un brazo del poder del régimen  orteguista. Urge una investigación a fondo del Ejército de Nicaragua para determinar su responsabilidad institucional y la de sus oficiales en asesinatos de campesinos, espionaje político, operación de grupos paramilitares y cualquier acción represiva violatoria a la Constitución y las leyes.

Los oficiales del Ejército que se hayan involucrado en crímenes contra el pueblo y hayan puesto recursos, efectivos o inteligencia al servicio de la represión política, deberán ser inmediatamente separados de sus cargos y puestos a disposición de la justicia, para ser investigados y castigados de acuerdo a las leyes del país. Y a lo inmediato, la institución como tal debe ser intervenida para asegurar que su personal y recursos no puedan ser utilizados contra la voluntad popular.

Nuestra convicción es que Nicaragua, uno de los países más pobres del continente, no necesita un ejército para defender su soberanía, ni consolidar su democracia, y que, por el contrario, mucho de ese presupuesto puede y debe ser utilizado para mejorar las condiciones de vida de los más pobres y acelerar el progreso económico y social. Las funciones imprescindibles que actualmente desempeña el Ejército deberán ser reorganizadas para garantizar la continuidad de sus servicios junto con el personal a cargo de las mismas.

En consecuencia, cuando sea oportuno, Unamos impulsará la realización de una consulta popular de cumplimiento obligatorio sobre la permanencia o disolución del ejército.

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